¿Es ilegal descargar películas?

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Una duda habitual. Estamos en nuestra casa, utilizando redes P2P o páginas de enlaces para encontrar esa serie que nunca traducen al español, esos libros de los que tanto hemos oído hablar, o en definitiva, cualquier material cultural que deseemos “probar antes de comprar”… y nos preguntamos si en España podemos tener repercusiones legales por ello.

¿Tenemos derecho a bajarnos materiales culturales de internet? ¿Cambia la cosa si lo que hacemos es subirlos o compartirlos en redes P2P? ¿Y si tenemos una página que ofrezca acceso a dichos materiales?

La verdad es que, como veremos a continuación, la maraña legislativa en España es demasiado compleja en lo que se refiere a esta materia. Eso no ayuda a que la gente pueda conocer con claridad sus derechos y obligaciones. Por ello, desde @Lex deseamos ofrecer un pequeño compendio con lo básico que cualquier internauta debería saber.

Empecemos respondiendo de forma breve a la pregunta del título: ¿Es ilegal descargar películas (o series, o música, o libros)?

La respuesta es “sí, pero”.

Veámoslo con detenimiento.

 

1.- ¿Puedo ir a la cárcel por compartir material cultural en internet?

Esto es lo primero que nos puede asustar. Estamos tan acostumbrados a leer noticias sobre medidas judiciales en Estados Unidos, que pensamos que todo es posible, incluso aunque solo nos bajemos un par de canciones.

La situación en España es algo diferente. Es cierto que el Código Penal castiga, en sus artículos 270 y siguientes, los delitos contra la mal llamada “propiedad intelectual”. Y que tales delitos tienen penas de hasta dos años de cárcel, o cuatro si se trata de modalidades graves.

Pero no debemos asustarnos. La ley exige que haya “ánimo de lucro”. Es decir, que hagamos eso para conseguir dinero. Bajarse unas canciones o series de internet no implica que haya ánimo de lucro, por lo que no habría delito. Lo mismo ocurre, por supuesto, si en vez de bajarlas lo que hacemos es subirlas.

A veces se ha intentado decir que la descarga de material cultural sí que tiene una especie de ánimo de lucro, ya que en teoría quien descarga se ahorra dinero. Sin embargo, ni Fiscalía ni los Jueces que han estudiado estos casos suelen dar la razón a estos razonamientos por un motivo: el Derecho Penal no permite interpretaciones extensivas de sus normas. En otras palabras, los artículos del Código Penal dicen lo que dicen, no lo que nosotros interpretemos que dicen estirando el sentido de las palabras.

De todos modos, ¡alerta! Se está avisando de posibles cambios legislativos en esta materia. Esta nueva normativa, si acaba aplicándose, puede hacer que -en efecto- en España se pueda ir a la cárcel por bajar o subir material cultural… aunque no haya ánimo de lucro. Así que conviene estar al tanto de cómo evolucione la materia.

 

2.- ¿Ocurre lo mismo si soy el “webmaster” de una página de descargas?

No. El régimen es totalmente diferente. De hecho, aquí sí que se puede llegar a entender que hay ánimo de lucro, así que se podría aplicar los delitos que hemos visto. Es cierto que hasta la fecha no hay precisamente una avalancha de sentencias condenatorias (más bien lo contrario), pero eso no quiere decir que no haya riesgo.

Si eres un “webmaster” de este tipo de páginas y tienes algún tipo de publicidad o manera de monetizar tu página, se puede llegar a entender que has cometido delito. No lo hagas.

 

3.- Entonces, si no cometo delito, ¿legalmente no me puede pasar nada?

Sí que te puede pasar. Que no estés cometiendo un delito no quiere decir que tus actos no tengan repercusiones legales. Solo quiere decir que no irás a la cárcel.

Habíamos avisado de que España tiene una maraña de leyes aplicables a la materia. Concretamente podemos citar, así a bote pronto, la Ley de Propiedad Intelectual, la Ley de Servicios de la Sociedad de Información y de Comercio Electrónico, la Ley de Economía Sostenible,…

Afortunadamente, para responder a nuestras preguntas sobre la llamada “piratería” todas vienen a decir lo mismo. Y se pueden resumir en dos palabras que quizá a todos nos suenen: “Comisión Sinde”.

En el año 2011 se creó -de escondidillas y perdido dentro de una Disposición Final de la larguísima Ley de Economía Sostenible- un órgano administrativo con facultades de decisión sobre la descarga de contenidos culturales. Dado que la entonces Ministra Ángelez González-Sinde fue su impulsora, la ley acabó llevando de forma extraoficial su nombre. Y también lo hizo la comisión que debía encargarse de todo esto: la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual.

La “Sección Segunda” o “Comisión Sinde” es un órgano administrativo (no judicial) encargado de estudiar aquellos casos que, sin ser delito, vulneran la propiedad intelectual de alguien.

Este régimen se aplica sobre todo a páginas de internet, y no tanto a usuarios de redes P2P. Si no tenéis una página de descargas o enlaces, en principio podéis tener la tranquilidad de que la Sección Segunda no contactará con vosotros.

Su funcionamiento aparece regulado en este Real Decreto (buscad el artículo 13, que es el que nos interesa), que desarrolla lo que adelanta el artículo 158.4 de la Ley de Propiedad Intelectual.

En resumen, lo que vienen a decir estos artículos es que, si alguien nos denuncia por compartir material protegido, la “Comisión Sinde” se pondrá en contacto con nosotros para pedirnos que dejemos de hacerlo en un plazo de 48 horas. Si nos negamos, la Comisión decidirá si somos culpables de alguna infracción; en ese caso, podrá dar órdenes para que dicho contenido sea retirado de internet.

(Es importante señalar que para la “Comisión Sinde” es irrelevante en la práctica que haya o no ánimo de lucro).

Visto esto, quizá nos planteemos que la mejor opción si nos contacta la Sección Segunda es retirar voluntariamente el contenido. Así nos ahorramos las consecuencias negativas de una orden de esta Comisión, ¿no?

Pues no. Lo que muchas veces se nos oculta es que, según las leyes aplicables a la Sección Segunda, retirar voluntariamente el contenido es admitir la culpabilidad. Estaríamos, en cierta manera, confesando que lo que hemos hecho es ilegal. Esta disposición es de dudosa constitucionalidad, pero es bueno tenerla en cuenta si el día de mañana nos vemos en este brete: mejor no retirar voluntariamente nada.

El otro inconveniente es que, aunque retiremos por propia iniciativa el material cultural protegido, eso no significa que no nos puedan atacar por otras vías jurídicas.

 

4.- ¿Otras vías? ¿Qué vías?

Aunque hemos visto la vía penal y la administrativa, en la recámara queda otra: la vía civil.

Si compartimos material cultural por internet, los titulares de ese material pueden solicitarnos una indemnización de daños y perjuicios por vía civil. Esta acción se puede aplicar a todo el mundo, no solo a quienes tienen páginas de descarga, sino también a quienes usen las redes P2P. Y no se necesita que haya ánimo de lucro, solo que se haya causado un daño a la otra parte.

Por este motivo, podría entenderse que la vía civil es más contundente que las otras. Sin embargo, no es la más utilizada. ¿Por qué? Porque la vía administrativa de la “Comisión Sinde” es en principio más rápida… y tiene más posibilidades de dar la razón a los titulares del material cultural.

Además hay otro problema: el de la identificación del responsable. Si nosotros compartimos material cultural en una red P2P, en principio -y aunque no seamos “webmasters” ni tengamos ánimo de lucro- causamos un daño a alguien y debemos responder por ello. Pero eso, en las redes P2P, resulta casi imposible… porque nadie sabe quiénes somos.

Para acusar a alguien de causarnos un daño tenemos que saber quién es ese alguien. En las redes P2P, los usuarios no están identificados. Todo lo más, podemos saber la IP del ordenador que comparte el material, pero eso no significa que sepamos qué persona lo hace, ya que un mismo ordenador puede ser usado por mucha gente. Además, saber la dirección IP es vulnerar un derecho fundamental, el del secreto de las comunicaciones, y eso solo lo puede ordenar un Juez… cosa que normalmente no hará para un caso como este.

Por eso es muy poco frecuente que se use la vía civil en España contra quien descargue material cultural.

 

5.- ¿Somos responsables por lo que hagan otros?

Hay otro tema que puede preocuparnos: ¿y si tenemos una página con muchos usuarios y alguien, sin que nosotros lo sepamos, comparte material cultural protegido? ¿Se nos puede acusar de algo?

La LSSI, en su artículo 17, nos responde que en principio no.

No somos responsables de lo que hagan terceros, siempre que no sepamos que lo estaban haciendo. Eso sí, en el momento en que lo sepamos debemos retirar ese material protegido o atenernos a las consecuencias.

De todos modos, cuidado. En este campo también está habiendo movimientos para hacer que los titulares de páginas web acaben siendo responsables de todo lo que se haga en ellas.

Por ejemplo, hace meses el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte estuvo trabajando en una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (nos interesa el artículo 158.bis, que está en la página 17 del PDF). En ella se establecía, por ejemplo, la obligación de todo “webmaster” de demostrar que tenía licencia sobre todo el material cultural de su página… aunque nadie se la pidiera.

Afortunadamente, este proyecto fue filtrado por gente que estaba alerta y quedó en agua de borrajas. Pero está claro que la tendencia es a endurecer el régimen legal vigente.

(Imagen de geralt)

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